Derecho Penal

Abogados Especialistas en Derecho Penal

En Carugatti Abogados, comprendemos lo crucial que es contar con un abogado penalista experto. Si resides en Mataró, Granollers o Barcelona y requieres defensa legal, nuestro equipo está preparado para asistirte en cualquier asunto penal.

Descubre más sobre nuestros servicios y cómo podemos apoyarte en afrontar cualquier proceso judicial con la mayor profesionalidad y experiencia.

¿Qué es un Abogado Penalista?

Un abogado penalista es un experto en derecho que se dedica a la defensa de personas acusadas de cometer delitos y a la representación de víctimas de delitos. Esta especialización requiere un conocimiento profundo del Código Penal y de las leyes y procedimientos judiciales necesarios para asegurar una defensa efectiva. Los delitos que abordan estos profesionales pueden incluir desde robos y hurtos hasta delitos sexuales, laborales, societarios, entre otros.

Como han señalado algunos expertos, el Código Penal actúa como la «Constitución del delincuente», definiendo las conductas consideradas antisociales y, por ende, merecedoras de castigo. Sin embargo, el sistema penal también garantiza una serie de derechos y principios fundamentales (como la presunción de inocencia, la igualdad de armas y el principio acusatorio) para asegurar que no se castiguen a personas inocentes o con condiciones patológicas, protegiendo así la justicia en el ámbito penal.

Servicios de Derecho Penal en Mataró, Granollers y Barcelona

En Carugatti Abogados, ofrecemos una amplia gama de servicios en derecho penal, adaptados a las necesidades específicas de cada caso. Entre nuestros servicios se incluyen:

  • Defensa en Juicios Rápidos: Representación en casos de alcoholemia o conducción bajo la influencia del alcohol, entre otros, con el objetivo de lograr la pena mínima o la absolución cuando sea posible.
  • Procedimientos Abreviados y Sumarios Ordinarios: Asistencia legal en todas las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la sentencia.
  • Diligencias Previas: Gestión integral de todas las actuaciones judiciales necesarias antes del juicio.

Asesoramiento en Derecho Penitenciario

Nuestros abogados también proporcionan asesoramiento en derecho penitenciario, garantizando que los derechos de los reclusos sean respetados durante su estancia en prisión. Entre nuestros servicios se encuentran:

  • Recursos contra decisiones de progresión, regresión o mantenimiento de grado: Defensa legal frente a decisiones que afecten el régimen penitenciario del interno.
  • Recursos contra sanciones disciplinarias: Representación en casos de sanciones impuestas dentro del ámbito penitenciario.
  • Gestión de quejas o reclamaciones: Tramitación de cualquier tipo de queja o reclamación contra decisiones de la Administración Penitenciaria.

Formación y Requisitos de Nuestros Abogados Penalistas

Contamos con abogados altamente calificados y con formación avanzada en derecho penal y procesal penal. Nuestros profesionales poseen el Máster de Especialización en Derecho Penal otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, lo que garantiza un conocimiento profundo y actualizado de las leyes penales.

Cuéntenos su caso

Llámenos: 600 516 300

Contáctenos o visítenos en Mataró Granollers o Barcelona

Te asesoramos en asuntos de derecho penal para evaluar tus opciones, indicarte los siguientes pasos y garantizar la mejor defensa posible. Contáctanos o visítanos en nuestras oficinas en Mataró, Granollers o Barcelona para recibir la asistencia que necesitas.

Preguntas frecuentes

El derecho penal es el conjunto de normas que, aplicadas por el Estado, castigan conductas consideradas desviadas, contrarias al interés general y sancionables en un determinado contexto social.

Puede hacerse una clasificación de delitos tanto por el bien jurídico afectado (libertad, integridad física, derecho a la intimidad, bienes colectivos, etc.) o según la gravedad (delitos muy graves, graves, menos graves y leves). Todos ellos tienen asociadas penas de distinta extensión y plazos distintos de cancelación.

Las penas se dividen en cuatro categorías principales: privativas de libertad, privativas de derechos, penas de multa y penas accesorias.

  • Penas Privativas de Libertad: Incluyen la pena de prisión, la prisión permanente revisable, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
  • Penas Privativas de Derechos: Abarcan la inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargo, profesión, oficio, industria o comercio; la privación de patria potestad, tutela, guarda o curatela; la prohibición de tenencia de animales, derecho al sufragio pasivo, y suspensión de empleo o cargo público. También pueden incluir la privación del derecho a conducir, a la tenencia y porte de armas, a residir en determinados lugares, o a aproximarse a la víctima y lugares que frecuente. Además, se incluyen los trabajos en beneficio de la comunidad.
  • Penas de Multa: Tienen una duración máxima de 2 años y se determinan mediante cuotas diarias que varían entre 2 y 400 euros para personas físicas.
  • Penas Accesorias: Son aquellas que se imponen conjuntamente con otras penas o que se solicitan por las acusaciones para que se apliquen junto con las penas principales.

Con la reforma del Código Penal en España, se ha introducido la pena de prisión permanente revisable, que no tiene un límite fijo de cumplimiento. Sin embargo, esta pena se aplica solo a delitos de especial gravedad. En general, la normativa establece que el tiempo máximo de cumplimiento no debe superar el triple de la pena más grave impuesta, con un límite de 20 años, salvo en casos de pluralidad delictiva, según lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal.

Para solicitar la cancelación en el Registro Central de Penados, primero deben haber transcurrido los plazos establecidos en el Código Penal y la pena debe haber sido cumplida en su totalidad. Una vez cumplidas ambas condiciones, se puede proceder con la solicitud de cancelación.

Estos derechos están regulados en el artículo 24 de la Constitución Española. Este artículo garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva, a la defensa y asistencia letrada, a ser informado de los cargos en su contra, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, a utilizar los medios de prueba necesarios para su defensa, a no declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables, y a la presunción de inocencia. Además, para los aspectos adicionales del proceso, se aplica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se refiere a una persona que comete un delito por primera vez. En general, estos individuos no tendrán que ingresar en prisión, ya que la pena puede ser suspendida, siempre y cuando la condena solicitada no exceda los 2 años de prisión.

Regulada en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, se refiere a la suspensión de la pena de prisión, donde, tras imponer una pena de prisión, esta se deja en suspenso bajo la condición de que el penado cumpla una serie de obligaciones. La principal de estas obligaciones es que no vuelva a cometer delitos durante el período de suspensión de la pena.

Depende del tipo de procedimiento. En juicios por delitos leves, no es obligatoria la asistencia de abogado ni procurador. Sin embargo, en otros procedimientos, es imprescindible contar con un abogado desde el inicio para asegurar el derecho de defensa. A partir de la fase intermedia del proceso, también será necesario tener un procurador.

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